Johnson & Johnson deberá pagar $572 millones por su responsabilidad en la epidemia de opioides

La multinacional estadounidense Johnson & Johnson fue condenada este lunes a pagar 572 millones de dólares por daños al estado de Oklahoma por su papel en la crisis de adicción a los opioides, una decisión judicial histórica en Estados Unidos.

Así lo decidió el juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkmam, que estimó que el grupo farmacéutico estadounidense debe pagar un total de US$ 572’102,088 para reparar los daños causados en ese estado, informaron medios locales.

«La crisis de los opiáceos ha devastado al estado de Oklahoma y debe reducirse de inmediato», apuntó el magistrado Thad Balkman al leer su sentencia.

Oklahoma es uno de las docenas de estados que demandan a los fabricantes de opioides y este es el primer caso estatal en llegar a juicio.

El fallo podría afectar el futuro de otras casi 2,000 demandas presentadas contra fabricantes de medicamentos opiáceos en varias jurisdicciones del país.

Los abogados de todo el país, especialmente los que forman parte del juicio establecido para un tribunal federal en Ohio este otoño, han estado “observando y aprendiendo del caso que Oklahoma reunió, mientras que los acusados han estado observando vulnerabilidades en ese caso”, dijo a principios de este mes Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond en Virginia.

Oklahoma llegó previamente a acuerdos con otros dos fabricantes de medicamentos opioides: un acuerdo de 270 millones de dólares con Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, y un acuerdo de 85 millones de dólares con Teva Pharmaceuticals, uno de los principales proveedores mundiales de medicamentos genéricos.

Johnson & Johnson ha anunciado que recurrirá la sentencia. «Janssen no causó la crisis de opioides en Oklahoma y ni los hechos ni la ley respaldan este desenlace», ha dicho la compañía aludiendo a una de sus subsidiarias, también incluida en la demanda. Más de 40 estados han demandado a distintas farmacéuticas por su rol en la crisis, una ofensiva a la que se han sumado cientos de municipios, condados y tribus indígenas.

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