Un juez bloquea la política de Trump que obligaba a algunos solicitantes de asilo a permanecer en México

Un juez federal de San Francisco bloqueó la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.

El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.

La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez. Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.

El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo. Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.

El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.

El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.

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