Se ha separado a 8.000 familias de inmigrantes desde 2017 en el país

El Gobierno de EE.UU. ha separado a unas 8.000 familias de inmigrantes que trataban de acceder al país a través de la frontera con México, lo que supone cerca de 2.000 más de las admitidas hasta ahora por las autoridades, denunció hoy la organización Amnistía Internacional (AI).

El grupo presentó en una rueda de prensa en Washington su informe ‘EE.UU.: No tienes ningún derecho aquí’, donde apunta que solo entre el 19 de abril y el 15 de agosto pasados se produjo la separación de unas 6.000 familias, de acuerdo a datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por su sigla en inglés).

La cifra supera con creces la admitida por el gobierno de Trump en junio, tras un dictamen emitido por una corte del sur de California, en San Diego, que fijó un plazo de 30 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunificara a todas las familias afectadas por la implementación de la política de tolerancia cero.

En aquella oportunidad el gobierno reconoció que había separado a 2,551 familias, pero luego rectificó la cifra al tribunal indicando que el total de separaciones fueron 2,652.

Las separaciones, también según el DHS, ocurrieron entre el 5 de mayo y mediados de junio de 2018.

Los rechazos ilegales, la detención arbitraria y los malos tratos a los solicitantes de asilo en Estados Unidos revelan el brutal impacto de los esfuerzos de la administración Trump por socavar y desmantelar el sistema de asilo de los Estados Unidos en grave violación del derecho estadounidense e internacional.

“El gobierno de Trump está librando una campaña deliberada de violaciones generalizadas de los derechos humanos para castigar y disuadir a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora de América de Amnistía Internacional.

El informe llega justo cuando el Gobierno introdujo las normas propuestas que rescindirían de manera efectiva el acuerdo de Flores, que exige que los niños no puedan ser recluidos en centros de detención familiar durante más de 20 días. El público tiene 60 días para votar sobre las regulaciones propuestas.

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