Fiscales retan la decisión de Trump sobre DACA

Los estados norteamericanos de Nueva York y Washington amenazaron con demandar al presidente, Donald Trump, si elimina el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a unos 800 mil jóvenes indocumentados.

A través de ese mecanismo se permite a quienes llegaron a este país cuando eran niños -los llamados ‘dreamers’ (soñadores)- permanecer aquí y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos.

Reportes de prensa han indicado la posibilidad de que el mandatario termine esa iniciativa aprobada por el expresidente Barack Obama (2009-2017).

“La decisión de Trump de poner fin al programa DACA sería cruel, gratuita y devastadora para decenas de miles de neoyorquinos, y demandaré para protegerlos”, expresó en un comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.

Argumentaron además que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en el 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78% de los que se benefician de la iniciativa.

La demanda, presentada en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, alega que la rescisión de DACA es ilegal por ser producto de la intención del presidente de “castigar y desacreditar a personas con raíces mexicanas”.

La demanda además afirma que finiquitar el programa dañará la economía de los estados en los que los ‘dreamers’ (beneficiarios de DACA) pagan impuestos, colegiatura universitaria o trabajan.

“Rescindir DACA causará daño a cientos de miles de residentes de los estados, dañará a las universidades estatales, trastornará los lugares de trabajo de los estados, dañará las economías de los estados y dañará a las instituciones estatales”, afirman los procuradores en su demanda.

El Departamento de Justicia afirmó que la demanda no tiene mérito y que sigue en pie la derogación de DACA a partir del 5 de marzo próximo.

“Como dijo el fiscal general (Jeff Sessions), lo mejor para el bienestar de nuestra nación es preservar y fortalecer el imperio de la ley. El Departamento de Justicia espera defender la posición de esta Administración”, dijo Devin O’Malley, portavoz del Departamento de Justicia.

Los estados enumerados como demandantes son: Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia, junto con el Distrito de Columbia.

La decisión de Trump de poner fin al programa de cinco años creado por Obama dejó el destino de los llamados “dreamers” (soñadores) en la incertidumbre y generó críticas de empresas, líderes religiosos, alcaldes, grupos de activistas, gobernadores y legisladores demócratas.

El presidente republicano retrasó el final del programa hasta el 5 de marzo, y dio al Congreso seis meses para decidir el futuro de unos 800.000 jóvenes.

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