California demanda al gobierno federal por amenazas a “ciudades santuario”

El procurador del estado de California, Javier Becerra, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump “por su intento anticonstitucional de imponer nuevas condiciones a las llamadas ciudades santuario”.

La demanda contra la administración Trump es “por pretender obligar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de California a participar en la aplicación federal de inmigración, en lugar de permitirles usar su discreción para determinar la mejor manera de mantener a sus comunidades seguras”.

Advirtió que las nuevas condiciones impuestas a las subvenciones federales de seguridad pública “violan la Constitución, niegan a nuestros policías y contribuyentes los recursos de seguridad pública que merecen y disminuyen la seguridad de todos los californianos”.

“El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso condiciones ilegales e inapropiadas de cumplimiento de la ley de inmigración sobre ciertas subvenciones de seguridad pública para la aplicación de la ley”, denunció Becerra en la querella.

San Francisco, una de las ciudades californianas más grandes e importantes, anunció paralelamente haber denunciado por las mismas razones al gobierno de Trump. Es la segunda vez que emprende esta medida.

“Este presidente se empeña en denigrar a los inmigrantes y a castigar a las ciudades que priorizan la verdadera seguridad pública para separar a familias que trabajan duro”, declaró en un comunicado el fiscal Dennis Herrera.

“Trump atacó las ciudades santuario en enero con una orden ejecutiva ilegal (…) Ahora intenta que uno de sus departamentos cambie las reglas. Por eso estamos otra vez ante los tribunales”, precisó.

La Fiscalía de California considera que más de 28 millones de dólares a través del fondo federal Edward Byrnes Memorial Justice Assistance Grant, destinado a programas de seguridad y prevención del crimen, corren peligro debido a los nuevos criterios estipulados por la Casa Blanca.

“Esto es una pura intimidación con la intención de obligar a nuestros cuerpos de seguridad a cambiar las políticas y prácticas que han determinado nuestra seguridad pública”, indicó Becerra.

Esta acción se suma a la emprendida por la ciudad de Chicago, que denunció al Departamento de Justicia por negarle fondos federales debido a que es una “ciudad santuario”.

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